Los militares birmanos derrocaron el pasado 1 de febrero al gobierno democrático. AFP/Archivo DEM


La junta militar de Birmania ha condenado a 21 activistas a penas de muerte por su presunta participación en ataques contra el Ejército, si bien otras 29 han sido condenadas a cadena perpetua.

Entre los condenados se encuentran personas acusadas de matar a dos altos cargos de la junta en la localidad de Dagon del Sur, en Rangún, así como a un informante del Ejército y un administrador y su conductor. Dichos asesinatos, según la junta, habrían tenido lugar entre los meses de julio y agosto, tal y como ha recogido el diario 'The Irrawaddy'.

Asimismo, algunas de las personas que serán ejecutadas han sido acusadas de llevar a cabo labores de entrenamiento militar en áreas controladas por milicias contrarias a la junta. Entre ellas también se encuentran aquellos que han realizado donaciones a la Fuerza de Defensa del Pueblo y el Gobierno de Unidad Nacional.

Dichas medidas han sido tomadas en localidades que se encuentran bajo la ley marcial, como Hlaing Tharyar, Shwepyithar, Dagon del Sur, Dagon del Norte y Dagon Seikkan, en Rangún, entre otras.

La ley marcial abarca delitos que van desde traición, sedición y obstrucción al personal militar hasta instigación, incitación, difusión de noticias falsas, posesión de armas, robo, corrupción, vandalismo y homicidio.

Datos de la Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP) señalan que desde finales de octubre la junta ha condenado a pena de muerte a 65 personas, de las cuales al menos dos son menores de 18 años.

Un manifestante sostiene un cartel con una imagen de la líder civil detenida Aung San Suu Kyi durante una vigilia para honrar a los que murieron durante las manifestaciones contra el golpe militar del 1 de febrero. AFP


Además, 39 de ellas habrían sido juzgadas 'in absentia', por lo que la junta ha emitido órdenes de arresto contra todas ellas. Sin embargo, se estima que por el momento ninguna de ellas ha sido ejecutada. Los datos de la última vez que se aplicó esta medida en el país se remontan a 1988.

Grupos de defensa de los Derechos Humanos han condenado estas sentencias y han denunciado que se están produciendo juicios injustos, en secreto, y fuera de los tribunales civiles.

Aquellos que han sido condenados solo pueden apelar ahora ante el líder de la junta, el general Min Aung Hlaing, en un plazo de quince días.